Que la inmigración precisa una actuación urgente en este país es como no decir nada. Cada semana entran por Canarias varios cientos de migrantes, muchos de ellos menores de edad hasta el punto de que hace unos días hubo un parto en aguas nacionales. También me parece de más señalar que a ese niño se le habrá dado ya la nacionalidad española y habrá pasado por un hospital, como es lógico. Los demás van tarde para aprender el idioma, pero según sus capacidades se les puede poner a trabajar donde haya necesidad de mano de obra, cosa que parece ser cierta ya que se repite por doquier. Y a los que quieran continuar viaje hacia Europa hay que facilitarles el camino desde la península, no desde Canarias.
El destino peninsular de todos los inmigrantes desde Canarias debiera ser establecido por el Estado atendiendo a la relación entre la población de cada autonomía y la de todo el país. El Estado debiera cuidarse de que las autonomías cumplan correctamente el proceso, sobre todo aquellas que son más reacias, sea por motivos raciales o de fineza. Y como el Estado siempre está debiendo dinero a las autonomías deberá estar muy bien de todo lo anterior antes de transferir un ochavo.
Esto debiera servir para cubrir los miles de puestos de trabajo en tareas del campo. Hay que recordar que frecuentemente se conocen abusos de todo tipo con estos trabajadores, lo cual debe ser perseguido, castigado y sancionado, generando sumas suficientes para financiar la creación de cuerpos provinciales de vigilancia para estos fines. Lo que no puede ser es que haya inmigrantes vagando por las calles, pidiendo limosna o cayendo en la delincuencia, por supuesto en manos de mafias españolas.
