La base legal para reclutar a los presos era un decreto de
28 de mayo de 1937 que establecía el derecho al trabajo de los prisioneros de
guerra y los presos no comunes (los «presos rojos») y la orden ministerial de 7
de octubre de 1938 que establecía la Redención de penas por el
Trabajo con la finalidad de conseguir «el fortalecimiento
espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos» mediante
«la ingente labor de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de
las ideas de odio y antipatria». El
promotor de la idea de la redención de penas por el trabajo, el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar, la
justificó así en La solución que España da al problema de sus presos
políticos, publicado en 1939: «Es muy justo que los presos contribuyan con
su trabajo a la reparación de los daños a que contribuyeron con su cooperación
a la rebelión marxista», que sea el penado el que trabaje por el obrero libre,
«que se supone que no ha delinquido contra el Estado y contra la sociedad...,
ayudando a reconstruir lo que con su rebelión contribuyó a destruir. [...] No
es posible, sin tomar precauciones, devolver a la sociedad, o como si
dijéramos, a la circulación social, elementos dañados, pervertidos, envenenados
política y moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de
los españoles, sin más ni más, representaría un peligro de otro caso, según mi opinión, nos toca muy de
cerca, pues su obra sigue en pie y ya no es perteneciente al franquismo, sino a
todos los españoles, con la excepción de que aún residan en él un puñado de
monjes benedictinos, que, a mi entender, se les debiera conceder una semana
para que levantaran el vuelo sin más condescendencias. Y hablando claro tras
los grandes sufrimientos de la guerra civil, el individuo que ganó la guerra,
quiso construir algo realmente grandioso, con una basílica subterránea para que
sirviera de osario y darle gracias a Dios – ¿cuántos dioses existen? - una
abadía y una columna que arañara las nubes; este complejo lo bautizó como El
Valle de los Caídos. Como quiérase que esta parte nos toca directamente,
recomiendo buscar en Wikipedia ese término, dado que hay una abundancia de
información que justifica lo que la historia de este lugar supone para la
ciudadanía española. Únicamente, conviene señalar que desde 2022, gracias a la
Ley de Memoria Democrática, tiene el nombre oficial de Valle de Cuelgamuros,
que es el nombre original de aquellos parajes. Se lo debemos al vigente
gobierno, el mismo que, como en este caso, suele dejar las cosas a medias.
Respecto a eso de los caídos, como es lógico, se refiere a los que se alzaron
contra la República, legalmente constituida. Los otros, los republicanos,
parece ser que no eran españoles.
Así que ese mamotreto arquitectónico se construyó entre los
años 1940 y 1959, un período en el que España no tenía necesidades financieras,
como podemos imaginar de cualquier país tras una guerra civil.
Según Epdata, fuente fiable, en el Valle de Cuelgamuros
yacen registradas 33.833 personas, víctimas de uno y otro lado de la contienda,
que, desde 1959 hasta 1983 fueron llevados en 491 traslados desde fosas y
cementerios de todas la provincias de España, salvo Orense, A Coruña y Santa
Cruz de Tenerife, para ser depositadas en columbarios individuales y
colectivos. De los restos inhumados desde 1954 alrededor de 21.423 son de víctimas
identificadas y 12.410 de personas desconocidas, según información del
Ministerio de Justicia.
Pero, con todos los respetos a esta fuente, los que
murieron trabajando durante su encarcelamiento en los primeros años, no figuran
en estas listas documentadas. Es de suponer que aquellos desgraciados, mal
alimentados y obligados a grandes esfuerzos, con tres años de guerra a sus
espaldas, morirían a montones. Además, el destino previsto fue enterrar en aquel
lugar exclusivamente combatientes del bando vencedor, pero siguiendo al Dr.
Xavier López, de la Universidad de Barcelona, los alcaldes eran preguntados
cuántos muertos de derechas constaban en el cementerio para llevárselos. Pero esos
alcaldes, para dejar el cementerio con cabida, añadían algunos más que también
eran cargados. Así, todos satisfechos, el cementerio más aliviado y el
monumento lleno de huesos, y a veces de cráneos, que son más fáciles de
transportar y el conteo siempre se hace por cabezas. Por supuesto, no se le
preguntaba el sentimiento religioso a nadie; eso, después de muerto, nada importa.
Teniendo todo esto en cuenta, 50.000 cadáveres puede ser una cifra bastante
lógica entre ambos bandos.
Hemos visto quienes y cuantos pudieron ser los enterrados
en el Valle de Cuelgamuros; ahora veremos quienes lo construyeron, desde el
punto de vista empresarial, pues de mano de obra debemos circunscribirnos a lo
comentado en los dos escritos anteriores sobre esta materia.
El apellido Banús nos apareció en el escrito anterior hablando
de la reparación y mantenimiento de los ferrocarriles del norte. Mal no debió
de irle, pues años después, ejecuta en Málaga una obra que todos conocemos, con
puerto, muelles y apartamentos, el complejo que lleva su nombre.
Otro empresario de la época, Félix Huarte, navarro para más
señas, que fundó la empresa Huarte y Compañía, que devino en OHL, ya en pleno
período republicano consiguió la adjudicación de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Ciudad Universitaria de Madrid en 1935 por concurso público,
terminó obras en los Nuevos Ministerios y otras, según datos aportados por el periodista
Antonio Maestre. Terminada la guerra siguió trabajando para el bando vencedor,
con el ventajoso sistema de contratación que nos es familiar.
Entre otras empresas trabajando
en el Valle, encontramos a San Román, filial de Agroman que luego la absorbió. Una
orden ministerial estableció el derecho a trabajar para los prisioneros de
guerra, o Redención de penas por el Trabajo, con el fin de conseguir “el
fortalecimiento espiritual y político de las familias de los presos. Arrancando
de éstos el veneno de las ideas de odio y antipatria. El promotor de esta idea
fue el jesuita José Agustín Pérez del Pulgar que escribió: “Es muy justo que
los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a que
contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista” porque “No es posible,
sin tomar precauciones, devolver a la sociedad,o como si dijéramos, a la
circulación social, elementos dañados, pervertidos, envenenados política y
moralmente, porque su reingreso en la comunidad libre y normal de los españoles,
sin más ni más, representaría un peligro de corrupción y contagio para todos, a
la par que el fracaso histórico de la victoria alcanzada a costa de tanto
sacrificio.”
Es decir, un jesuita
condenaba al enemigo vivo a acabar sus días en el duro trabajo, sin maquinaria,
como testigos activos señalaron en su día, mal alimentados, mal vestidos y mal
dormidos, mientras, eso sí, la peseta diaria que el Estado franquista pagaba
como sueldo, iba a la caja de las empresas que los contrataban, mientras se
suponía que con ese dinero se pagaba la manutención para los presos.
El desenterramiento se llevó a cabo finalmente el
24 de octubre de 2019. Los restos del que fuera jefe del Estado, fueron
trasladados al cementerio de
Mingorrubio, junto con los de su viuda Carmen
Polo, cumpliendo así la voluntad de Franco de ser enterrado junto a su esposa
fuera del monumento[24] y una reforma ad hoc de la Ley de
Memoria Histórica aprobada en 2018 con la
finalidad exclusiva de la exhumación.
