Cero.
No es una noticia de marzo, es de ayer, 11 de abril, el día en que
la policía inglesa entró en la embajada londinense de Ecuador
después de que el presidente de ese país, de nombre Lenín
(curioso, ¿verdad?) retirara la inmunidad de su refugio diplomático
a Julian Assange, el hombre que destapó en Wikileaks las vergüenzas
(por no decir los actos criminales) de USA, pero también de otros
muchos gobiernos. Es un genuino ataque a la libertad de prensa, como
lo prueba el hecho de que no lo acusen de faltar a la verdad, sino
que lo consideren un acto contra la libertad de los que se saltan los
auténticos principios de la libertad misma en aras de supuestos
intereses nacionales que atentan contra ese principio.
En
España asistimos estupefactos -bueno, ya lo sospechábamos- al
bochornoso caso de la “policía patriótica”, cuyo solo nombre la
define.
La
gradación delictiva de ambas noticias es muy amplia, por supuesto,
pero ambas tienen en común el uso del dinero público en contra de
la ciudadanía que lo aporta.
Uno.
En un mitin de campaña, el candidato Casado ha declarado que en el
PP no ha habido más que “un par de sinvergüenzas que han
traicionado al partido”, para rematar con un “y quien la ha
hecho, que la pague”. A estas alturas, el candidato se ha ganado a
pulso su nula credibilidad como político y como persona; ha mentido
como un bellaco, la corrupción en el Partido Popular es algo
congénito y aún no ha llegado el día en que esa práctica se pueda
considerar agua pasada. Pero si se refería al asunto de la policía
patriótica habría que afinar mucho; me explico:
No
puedo creerme que Rajoy y Fernández Díaz estuvieran en ese enredo,
por la sencilla razón de que el primero, como Registrador de la
Propiedad que es (ya saben que en una sociedad como la nuestra la
propiedad privada es lo más sagrado y base y principio de todas las
cosas), sería metafísicamente imposible que un alto representante
del sistema pudiera inducir o autorizar o prestarse a ese tipo de
delitos; y el segundo sabe perfectamente, como hombre de fe que es
(recuerden que es de comunión diaria y ha condecorado a todas las
vírgenes del elenco católico) que se pudriría en el infierno para
toda la eternidad si cayera en el pecado de mentir y levantar falso
testimonio.
Así
que, por favor, busquen otros responsables. Si es que se ha cometido
tal felonía (que bien me ha quedado esto!), cosa que, como recuerda
Casado, aún está por probar.
Dos.
Dejando a un lado el torrente de mentiras del candidato Casado, hay
que señalar que no es el único que miente. Todos lo hacen, en mayor
o en menor medida. Y los nuevos, los de Vox, parecen dispuestos a
ganar tal carrera. Pero, uno de ellos es juez, aunque ahora esté en
excedencia, y esta situación laboral no le exime de buscar siempre
la verdad y la justicia; es más, esas virtudes debieran constituir
siempre su norte y su guía. Sabe, por su formación, que no se debe
faltar a la verdad, cosa que habrá recordado a testigos e imputados
en el ejercicio de su función. Y esto es un poso que va quedando en
la conciencia de cada uno, también en la de los jueces, por no
decir, con más intensidad.
Sin
embargo, también miente, y miente a sabiendas de que lo hace. ¿Hará
lo mismo si vuelve a ejercer la justicia? ¿Qué garantía de
imparcialidad podrá tener un ciudadano que quede sujeto a su poder
legal?
En
las anteriores elecciones generales, la jueza Rosel se vio obligada a
retirar su candidatura como diputada por la circunscripción de Gran
Canaria, al verse imputada por un tal juez Alba, que defendía en
otra causa al ex ministro Soria, aquél íntimo amigo de Rajoy que
apareció en los papeles de Panamá. Tiempo después, se ha sabido
que el citado juez Alba no tenía otros motivos que no fueran la
amistad que le unía a Soria, el honor de la jueza Rosel quedó
restablecido, y ahora vuelve a presentarse para ser diputada. ¿Ha
recibido el juez Alba alguna sanción por su actuación? ¿Tiene este
tipo de hechos alguna repercusión legal? Porque se trata de las
personas en quienes depositamos nuestro poder ciudadano para imponer
la justicia. Y no para defender intereses particulares.
Tres.
Pablo Iglesias se ha
reincorporado al tajo después de su baja de paternidad.
Algunos
esperábamos
que esos meses le -¿cómo decirlo?-, le hubieran
dulcificado
el discurso, si se me permite la expresión. Tanto tiempo con los
niños… pero, bueno, no ha sido así, ha vuelto el Pablo Iglesias
de siempre, tan enfadado como habitualmente, que
dice Errejón, aunque eso sí,
ha pedido perdón por los errores cometidos para, acto seguido,
...volver a cometerlos.
Ante
el representante del medio televisivo que iba
a cubrir sus primeras horas de regreso, en horario prime
time,
se lanzó
desaforadamente a hablar mal de los medios, con un discurso
políticamente correcto, pero sin hacer las distinciones precisas,
como si estuviera hablando con Inda, por ejemplo. Luego, en la
entrevista fue
sosegándose y logró mejorar el discurso. Podría
haber citado a ABC, El Mundo o
La Razón, como exponentes máximos de una prensa escrita que
abandona la verdad para servir intereses espurios,
pero no lo hizo.
Pablo
Iglesias, como José Borrel, nuestro ministro de Asuntos Exteriores,
tiene
un genio muy vivo,
que se manifiesta cuando ambos creen que tienen razón y les lleva a
adoptar posturas, digamos, poco convenientes. Ambos mejoran cuando
consiguen su auto control.
Al
día siguiente, Antonio García Ferreras, ya saben, de la misma
cadena televisiva, que se auto definió como socialdemócrata (¿a
cuál de los miles de significados se referiría?) presentó algo que
no creo que sea digno de la Sexta. Con frases descontextualizadas,
tanto de Iglesias como de Abascal, hizo un montaje para dejar a ambos
a la misma altura, cosa que a cualquier defensor de la verdad
informativa le daría arcadas.
Eso
es lo que se gana cuando no se modera el discurso. No se puede hablar
ante las cámaras como cuando se está en un mitin ante
incondicionales.
Este
asunto de los medios lo ha definido magistralmente El Roto, al
señalar que “cada antena emite una verdad distinta, pero todas son
de la misma empresa”. Conviene recordarlo siempre.
Cuatro.
Ya se han completado las listas para las elecciones del 28 de abril.
Ya saben ustedes que Podemos presenta al general Julio Rodríguez,
que ejerció como Jefe de Estado Mayor, creo que lo máximo que puede
ser un militar en ejercicio. Y por cierto con éxito de crítica.
Pues
bien, Vox, para no ser menos, presenta a cinco generales y un
coronel. Ha ganado por goleada! Pero ninguno de ellos ha alcanzado,
ni de lejos, la competencia profesional del otro. Son, más o menos,
generales de infantería, incluso de la Legión, para lo que no hace
falta más que potencia de voz y predisposición al mando. A uno de
ellos le hemos escuchado decir que la política es como el ejército,
que hay que saber mandar.
Que
Dios nos coja confesados!
Cinco.
El 15 de marzo va a ser el día mundial de lucha contra el cambio
climático. Pero no el día señalado cada año para que echemos un
vistazo a los datos -cada vez más contundentes- sobre las distintas
agresiones con que castigamos el planeta, como si fuera de goma y
pudiéramos manejarlo y arreglarlo a nuestro antojo; esto depende de
nosotros, de la actitud que tomemos ante esa amenaza. Que no pensemos
que no es para tanto, que no será tan grave, que todo tiene arreglo.
O lo que es peor, que son cosas de esos chalados de ecologistas. Que,
por el contrario, pensemos en la responsabilidad que asumimos con
nuestro hijos, con nuestros nietos, que la amenaza ya no es a medio
plazo, que empezamos a verla de día en día.
Porque
no tenemos otro planeta de repuesto.
Seis.
¿Recuerdan el caso de las corbetas destinadas a Arabia Saudí?
Corrieron ríos de tinta, y los que reparten esas aguas salpicaron a
derecha e izquierda, siempre es mejor repartir las culpas, todos
tenemos alguna.
La
noticia esta vez consiste en que el juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata va a sentar en el banquillo a la cúpula directiva
de la empresa pública Defex. Esta empresa trafica, en todos los
sentidos, con armas o munición de fabricación pública o privada,
la cual vende en terceros países. La pista se venía siguiendo desde
hace años y ya han prescrito varios delitos. Pero
se ha llegado a tiempo para destapar operaciones con Arabia Saudí,
Egipto y Angola. Como la empresa está participada por el Estado en
un 51% y el resto pertenece
a
varias compañías privadas fabricantes de armas, muchas operaciones
se caracterizaban por el pago de comisiones a altos cargos de los
países compradores, y claro, entenderán ustedes que es fácil que
ciertas personas se quedaran en el camino con otras comisiones para
su bolsillo particular. El juez pide 50 años de cárcel para el
presidente de Defex, así como a directivos de otras tres empresas
privadas.
La
venta de armas no solo sirve para perpetuar la desgracia en los
países más pobres, sino también para que algunos se enriquezcan
ilícitamente por el camino. Este tipo de delitos debiera estar
doblemente penado.
