CUESTIÓN
DE COMPETENCIAS
Es
un principio básico en cuestiones de economía. Que los que ofrecen bienes o
servicios sean lo suficientemente numerosos como para que no puedan imponer el
precio; que los que compran o contratan estén en la misma situación y no puedan
tirar de los precios a la baja. Ambas condiciones constituyen un principio
básico para que un mercado se desarrolle en condiciones de pura competencia. Y
el mercado es, ¡ay!, soporte y puntal de la economía. Otra cosa es que haya hoy
o haya habido nunca un mercado perfecto, ya que este concepto pertenece a la
esfera de la teoría, nunca al de la práctica.
Ya
saben ustedes que esta cuestión de la globalización junto a la extensión
universal de las herramientas informáticas, ha propiciado la aparición de
empresas del tipo B2B que campan por sus reales a lo largo y ancho del mundo.
Un ejemplo es Uber, que facilita el alquiler de un vehículo y contra la que los
taxistas han puesto el grito en el cielo; otro es Airbnb, que facilita
alojamientos en cualquier lugar del mundo a precios, también como en el caso
anterior, imbatibles y que los hoteles no pueden enfrentar. Son empresas que no
tienen más gastos que los derivados del mantenimiento, actualización y mejora
del programa que permite su actuación mercantil, y que gozan, por lo mismo, de
un acceso a un mercado mundial sin restricciones. Cobran a los oferentes por
albergarse en su portal, y esos oferentes son los que finalmente contratan con
el usuario final, que desea un servicio al mejor precio y en unas condiciones
definidas.
Este
tipo de negocios, a primera vista, no tienen mucho que objetar; la opinión
pública está claramente a favor. ¿Por qué has de limitarte a los viejos
sistemas si desde tu smartphone puedes contratar con total libertad, decidiendo
en función de tus intereses como consumidor libre? Así que desde un punto de
vista de defensa de la competencia, como la describíamos al comienzo, no hay
más que decir.
Ahora
bien, debiéramos preguntarnos: ¿qué impuestos locales pagan los oferentes de
servicios? Porque está claro, que un hotel paga el impuesto de sociedades,
tiene unos empleados que estarán afiliados a la Seguridad Social, y liquida el
IVA correspondiente a lo que factura. ¿Se da también esta casuística en los
apartamentos turísticos? Si es así, nada habría que objetar, grosso modo. Pero
si esto no se cumple, ¿qué ingresos va a tener el ayuntamiento y/o el Estado
cuando este modo de proceder se extienda inexorablemente a más y más sectores?
El consumidor no se plantea estas cuestiones, presa de esta vorágine de
globalización y compras por internet, pero algún día pretenderá tener del mismo
Estado atenciones en educación, sanidad, pensiones, etcétera. Y entonces, ¿de
dónde va a obtener éste los ingresos que le permitan hacer frente a todo ese
tipo de gastos? Porque, además, queremos que todos los impuestos bajen, (¡ya
está bien lo que pagamos!) ¿Podrá el consumidor, con los salarios que cobra,
hacer frente a los gastos del estado del bienestar -¿recuerdan este antiguo concepto?-
y contribuir al fondo de pensiones privado del que poder vivir cuando ya no
haya pensiones públicas porque el Estado
no las pague?
Vemos
continuamente el bajísimo nivel de impuestos sobre los beneficios que pagan las
grandes compañías, cuando tenemos la suerte de que tengan un domicilio radicado
en suelo español. Porque la mayoría de ellas ni siquiera declaran beneficios en
España. Y estas compañías de las que venimos hablando parecen radicarse en
alguna nube fugaz. Tal es el nivel de evasión fiscal. Así que bien haríamos en
pensar en un consumo responsable, como se dice hoy en día.
O
jugamos todos o rompemos la baraja, que decía aquél.
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