1.
Cuando los bienes de titularidad pública (léase autopistas en este caso) se
entregan a la gestión privada (léase empresas concesionarias), ésta puede
ahorrarse la inversión en equipos de lucha contra las inclemencias invernales;
para eso puede utilizar la UME (Unidad Militar de Emergencia) que sale más
barato pues la pagamos entre todos.
2. Tras
el sonoro fracaso de la orden de búsqueda y captura que España hubo de retirar internacionalmente
antes de que la Justicia belga le hiciera un roto, lo normal habría sido hacer
lo mismo localmente. Ahora, además, la justicia española se ratifica en la
prisión incondicional para Junqueras y compañía mediante una sentencia ante la
que la inmensa mayoría de los juristas realmente independientes muestra su desacuerdo.
Ante
la evidente falta de capacidad política para buscar una salida al problema
catalán, ¿alguien cree que el artículo 155 servirá a esos efectos?
3. El
partido del gobierno ha manifestado, por activa y por pasiva, lo que parece ser
su punto de vista sobre el problema de la corrupción en España: las urnas, con
su favor, han legitimado su culpa fragrante. ¿Será válida esta idea para el
caso de los independentistas catalanes?
¿O habrá que esperar a que ganen sus elecciones por tercera vez?
4.
El ministro de economía ha cifrado en mil millones de euros el daño sufrido por
la economía catalana en estos últimos meses; no vamos a discutir esa cifra,
pero el montante de evasión y elusión fiscal que la economía española soporta
anualmente ha sido calculado, por varios medios, en cifras varias decenas de
veces mayor, lo cual obliga a mantener una política de recortes por todos
conocida sin llegar a equilibrar el presupuesto nacional. ¿Se planteará el
ministro reducir su monto? ¿Seguirá el problema catalán sirviendo de excusa
para lo que realmente nos importa?
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