La botella aún no está llena

Este artículo se ha publicado en la revista OP Machinery, en su número de enero del corriente año.

El día de los Santos Inocentes despertamos con la noticia de que el Tribunal de Cuentas había encausado a Ana Botella, esposa del ínclito Aznar y alcaldesa que fue de Madrid (por designación oficial, al acceder a dicho cargo sucediendo a Gallardón que subió otro peldaño hasta ser ministro, o se ganó el cargo de ministro por dejar vacante el de alcalde, vaya usted a saber) y a varios conmilitones suyos, por la venta de un par de miles de viviendas sociales a eso que ustedes llaman un fondo buitre. Es decir, la típica inocentada del 28 de diciembre. De un lado porque mucho ha tenido que cambiar el Tribunal de Cuentas, organismo ineficiente donde los haya, y claro referente del enchufismo nacional, hasta con prácticas endogámicas para cubrir sus vacantes de personal; y del otro por la personalidad de los enjuiciados.

Pero resulta que el Ayuntamiento de Madrid, a cargo de Manuela Carmena, había denunciado por fraudulenta la venta de esas 2.000 viviendas en el ya lejano año de 2012 al fondo Blackstone y a otro fondo de Goldman Sachs, (uno de los máximos responsables de la crisis de 2008) misma operación que el gobierno de la Comunidad de Madrid de la época había también llevado a cabo, en este caso, con 3.000 viviendas. No tiene nada de extraño, pues, que el citado Blackstone esté considerado como uno de los mayores “caseros” de España. Paralelamente, también se dice que estos fondos son propietarios de en torno al 30% del valor bursátil español. Es decir, se están quedando con España, con la aquiescencia oficial y por intereses personales, pero son los catalanes los que quieren acabar con nuestra patria. A los catalanes les podemos enviar los tanques; a estos otros, ¿qué les enviaremos?

Bien, hagamos un poco de historia y no nos desviemos del caso: en algún momento anterior al estallido de la crisis, tanto el ayuntamiento de Madrid como el gobierno de la comunidad autónoma, decidieron con buen criterio, acometer una serie de promociones inmobiliarias para poner a disposición de familias con menos recursos viviendas sociales en régimen de alquiler. Podemos recordar algunas imágenes de televisión con Esperanza Aguirre, con aquella sonrisa suya, entregando la llave del piso a la familia que, cumpliendo los requisitos establecidos, se había hecho acreedora a su disfrute pagando un alquiler asumible. Con el estallido de la crisis, las cuentas públicas entraron en barrena, así como las privadas, y tanto Ayuntamiento como Comunidad –ambos gobernados por el Partido Popular- tuvieron la “feliz idea” de ofrecer a la venta dichas promociones inmobiliarias a los únicos que podían estar en condiciones de comprarlas. Y lo hicieron. En esos momentos, ambas entidades estaban presididas por Ana Botella e Ignacio González, hoy recién salido de la cárcel por otro delito. Ellos son los primeros responsables de una operación ilegal, tramitada sin cumplir los preceptivos pasos administrativos. Vean parte de la sentencia, en el caso de la Comunidad –válida, a estos efectos, para el caso municipal- de mayo del 2018 que se fundamentaba en que no se justificaba la razón o el porqué dejaban de ser necesarias dichas viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna. Podría haber estado justificada si no hubiese existido una demanda y las viviendas estuviesen desocupadas, algo que no sucedió pues las casas estaban ocupadas en un ochenta por ciento. La sentencia también destaca que la operación no fue aprobada por el Consejo de Administración del Invima, cuando era un requisito necesario en una operación de estas características, que supone, una alteración de todo un programa de actuación.

Es decir, se venden unos pisos alquilados en determinadas condiciones de alquiler, sin cumplir los condicionantes de concurrencia, transparencia, e información pública, ni el derecho de tanteo por parte del inquilino, sabiendo que lo primero que va a hacer el nuevo propietario es elevar el alquiler a su antojo para rentabilizar su inversión, pisos que han sido construidos para ser alquilados, sin modificar su condición de pisos sociales. Muchos de los inquilinos se vieron obligados a dejar su casa al no poder pagar el alquiler, otros fueron desahuciados,  y en definitiva se llevó a cinco mil familias a una situación personal y patrimonial que para los responsables de este desaguisado la querría yo.

¿Será casualidad que el hijo de Ana Botella y José María Aznar sea el presidente de Cerberus, el mayor de estos fondos buitres americanos que operan en España? Si quieren saber más tecleen las palabras aznar y fondos buitre y quizás encuentren algo. Cuando escuchábamos  Sspaña va bien entendimos mal; a nosotros nos va bien y nos irá mejor, eso era lo que nos estaban diciendo, y a fuer de ser justos, hemos de reconocer que era cierto.