Este artículo ha sido publicado en la revista OP Macinery, en el número de agosto-septiembre.
Unos meses después del fallido intento de golpe
de Estado del 23 de febrero de 1981 –eso sí fue tal cosa, a ver si nos
enteramos- , un joven almeriense que trabajaba en Santander recibió el aviso
familiar de que un hermano suyo haría la primera comunión; entretanto este
hombre, Juan Mañas, había trabado amistad con Luís Montero, un salmantino que
también trabajaba en la ciudad, y con Luís Cobo Mier, montañés de pura cepa
como sus apellidos indican. Estos pensaron acompañarle en el desplazamiento y
aprovechar así la oportunidad para conocer la provincia andaluza. A ello se
dispusieron poniéndose en marcha el 7 de mayo en el coche de Cobo, pernoctando
en Madrid y reanudando su viaje a la mañana siguiente, pero con tan mala
fortuna que hubieron de detenerse por problemas mecánicos y alquilar un coche en
Manzanares con el que continuaron su viaje hasta Pechina, pueblo de origen de
Juan Mañas.
El 7
de mayo la banda terrorista ETA llevó a cabo un atentado en Madrid en el que
resultó malherido el General Valenzuela, Jefe de la Casa Militar del Rey, y
muertos los tres militares que le acompañaban. El comando estaba compuesto por
tres integrantes, y alguien, que vio los movimientos de aquellos tres jóvenes en
tierras manchegas, los confundió con los terroristas y dio parte a la Guardia
Civil.
Los jóvenes durmieron la noche del día 8 en el
domicilio familiar de los Mañas, y dedicaron el día 9 a visitar la provincia,
como tenían pensado.
La
Guardia Civil se puso en marcha y ese mismo día, el 9 de mayo les detuvo en
Roquetas en una tienda de “souvenirs”, hacia las nueve de la noche, sin que
ellos ofrecieran la más mínima resistencia. La prensa del día 11 se hizo eco de
la captura del comando del atentado de Madrid, detallando que los tres
perdieron la vida cuando las fuerzas que les conducían hacia Madrid hubieron de
dispararles en su intento de fuga y defendiéndose de ellos...
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece
meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de
los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los
hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la
operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas.
El abogado
de la acusación particular, Darío Fernández, en todo momento intentó que fueran
condenados por asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba
los hechos de homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier
proceso judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los
hechos, y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias
realizadas por los forenses. Fue constantemente acuciado y los intentos de
intimidación por parte de miembros de la Benemérita fueron variados,
"incluida una bomba bajo su coche: Darío tuvo que esconderse en una
cueva", recuerda Lola Liquete Cobo, sobrina de Luís Cobo.
Años
después, el teniente coronel Victoriano Guillén, quien se opuso con
contundencia al golpe de Estado del 23F y fue castigado por ello, explicó ante
las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación:
"La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio (nombre que se
daba en la Guardia Civil a los fax o télex) diciendo que eran etarras y que
habían atentado contra el general Valenzuela. Castillo Quero, el teniente
coronel al frente del operativo, que era un enfermo mental, un imbécil poseído
y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer
un servicio y hacer méritos, colgarse medallas".
El Parlamento de
Cantabria ha homenajeado el jueves 10 de mayo de 2018, al cumplirse los 37 años
del brutal asesinato, en presencia de familiares y de todos los grupos
políticos (PP, Psoe, Ciudadanos, Prc y Podemos, que han aprobado el texto), a
las víctimas de esta historia. En el acto promovido por el colectivo
Desmemoriados se ha instado al Gobierno de España a "iniciar los
cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de
terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y
grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y
protección" que corresponde a esta condición.
Episodios como el descrito jalonaron el
período que se conoce como “la transición española”, desde 1978 cuando se
aprueba la Constitución; la etérea presencia de la dictadura franquista ha
impregnado –y sigue haciéndolo- el
devenir de la sociedad española, entre la mirada impasible de media España y el
silencio cómplice de la otra media. El sufrimiento y la desventura los pusieron
unos españoles, en tanto que otros, como los verdugos de este caso, cumplieron
la mitad de sus condenas en confortables instalaciones militares recibiendo,
además, ilegales fondos públicos.
P.D. Hasta aquí el
artículo tal y como lo escribí el pasado mes de mayo. Ahora la guinda la pone
la contestación del gobierno de la nación el pasado 14 de septiembre a la
instancia planteada por el Parlamento de Cantabria, descrita más arriba; "La
Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo reconocen dicha condición de víctimas únicamente a las
que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o
personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad
de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana". En otras palabras:
no se les reconoce la condición de víctimas, y a otra cosa, mariposa.
Tanto los hechos como las
fechas y los nombres que se citan han sido extraídos de artículos periodísticos
de los diarios El País, El Diario Montañés y Diario.es. Por si acaso.
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