Creo
que fue hacia agosto pasado cuando Mariano anunció la convocatoria de las
elecciones que, finalmente, tuvieron lugar el veinte de diciembre. Con la misma
presteza que comenzaba la pre campaña electoral, el partido del gobierno inició la confección
de los presupuestos nacionales de 2016, para presentarlos al debate
parlamentario que concluyó con su aprobación antes de celebradas las
elecciones, gracias a la mayoría parlamentaria de que dicho partido disponía.
Recordarán
ustedes que la oposición en bloque criticó este proceso al argumentar que el
partido que ganara las elecciones se encontraría atado por unos presupuestos
conformes a los intereses políticos del gobierno anterior, pero no a los del
nuevo. Sustentaba este razonamiento el deseo de que hubiera cambio de gobierno,
y obviaba el hecho de que el nuevo gobierno también pudiera redactar sus
propios presupuestos, y aprobarlos, o funcionar a golpe de decreto ley como
venía haciendo el anterior.
El
resultado de las elecciones es de sobra conocido; los españoles votaron mal –a
mí, que me registren-, y estamos en la fecha que estamos. El gobierno en
funciones actúa como le es propio –la cabra siempre tira al monte- y hemos de suponer que lo hace constreñido a
los presupuestos que él mismo redactó.
Los medios
biempensantes nos recuerdan con frecuencia que por esta causa que comentamos
líneas arriba, el país padece de una mala situación política, que la economía
vive presa de una cierta incertidumbre (disculpen el oxímoron), y que esta
incertidumbre –lo peor que puede ocurrir para las decisiones de inversión- lastra
la recuperación de la economía española. Esos mismos medios nos dicen también
que unas nuevas elecciones son inevitables, y aún más, que éstas desembocarán
en una mayoría parlamentaria de los partidos de derecha. Esto sitúa al actual
gobierno en funciones hasta finales de julio, y a partir de esa fecha un nuevo
gobierno de coalición de las derechas. En definitiva, de una manera o de otra,
los actuales presupuestos seguirán siendo validos para todo el ejercicio. Y con
el mismo o parecido ejecutivo. ¿Dónde está, entonces, el problema?
Por
otro lado, es tal el volumen de dinero español en el extranjero que, del conjunto
de la inversión anual que llega a España, casi la mitad son fondos propiedad de
españoles. Este gobierno, que si por algo se distingue, es por su
inquebrantable dedicación al bienestar y la unidad de España, debiera poner de
manifiesto esta situación, tranquilizar a los inversores y hacer que pase de
nosotros este cáliz.
Un
gobierno tan prestigioso como éste, tiene en su mano la solución al hecho de
que los españoles hayan votado mal. El problema será si los españoles vuelven a
equivocarse. Y somos tan tozudos…
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