¿Paraísos fiscales?

Ahora que los papeles de Panamá copan todas las primeras planas, y van a seguir haciéndolo durante varias semanas, no está de más recordar otros casos que, por menos brillantes, no dejan de tener su importancia y contribuyen a la evasión fiscal que tanto daño nos hace y, además, los tenemos muy cerca.

Pedro Luís Uriarte, padre del Concierto Económico vasco y Consejero de Economía y Hacienda del GV, observó hace unos pocos meses,  hablando precisamente de los paraísos fiscales, que no era preciso buscarlos en lugares exóticos o islas paradisíacas; declaró que "si la primera fortuna española, con un patrimonio de 59.966 millones de euros, se inclinase por disfrutar del “Paraíso Fiscal de Euskadi” pagaría todos los años por impuesto de patrimonio en Vizcaya 600 millones de euros, mientras que en el 'Infierno Fiscal de Madrid” pagaría cero". Qué duda cabe que esta diferencia tan enorme de tratamiento fiscal está en la razón de ser de algunos cambios de residencia oficial a la capital del reino.

Otros casos de tipos impositivos diferentes -que yo recuerde en este momento- ha sido el caso Ramondin, por ejemplo. Esta empresa riojana, uno de los líderes mundiales en la fabricación de cápsulas y tapones para las botellas de vino tomó la decisión de trasladar su domicilio de Logroño a Laguardia (Alava) ante las ventajas que la Diputación de Alava le ofrecía para financiar su nueva planta. Esto vino a ocurrir en 1997, y el gobierno riojano acabó llevando el asunto ante las autoridades de Bruselas. Hacia 2014, éstas dictaminaron que tales ayudas no procedían, por lo que la empresa estaba obligada a entregar a la Diputación alavesa el mismo de las ayudas, unos 10 millones de euros. Igual suerte corrió la implantación de la coreana Daewoo en Vitoria con una planta de electrodomésticos –que me parece que hoy en día está cerrada- en este caso, por importe de otros cuatro millones.

No hace al caso, si esas sumas han sido devueltas o no, lo que nos interesa es destacar esa práctica de la Diputación alavesa, que se ha repetido en otros casos en Vizcaya y Guipúzcoa. Claro que también ha ocurrido al revés: el gobierno cántabro ha “convencido” a una empresa alavesa para llevar su nueva planta a Cantabria; ignoro cómo se encuentra jurídicamente este asunto.

En el ámbito europeo conocerán ustedes de sobra el caso irlandés, que ha atraído centenares de empresas, fundamentalmente americanas, para centralizar fiscalmente sus filiales europeas y de otros continentes. Simplemente con un tipo impositivo en el impuesto de sociedades que no supera el 10%, en teoría un tercio de lo que es corriente en Europa. Y más descarado aún, Luxemburgo, país que ha estado dirigido por Jean-Claude Juncker, actualmente presidente de la Comisión Europea, va un poco más allá y ofrece condiciones a la carta. Es decir, si ustedes quieren domiciliar allí sus empresas pueden, literalmente, negociar el tipo que prefieren pagar.

Un caso especial, aunque de distinta índole, es el tratamiento fiscal que reciben las Sicav (sociedades de inversión de capital variable) con la ventaja de que no hace falta salir de España. Su tipo está al 1% y el inconveniente de que legalmente sea un instrumento colectivo de inversión (mínimo 100 accionistas) se soslaya con testaferros u hombres de paja, que el bufete de abogados te proporciona.

Esta mezcla de prácticas fiscales, las más, legales, instituidas por las propias administraciones fiscales contribuyen, como hemos dicho al comienzo, a facilitar la evasión fiscal y, en consecuencia, hacer más difícil que los Estados puedan acceder a la satisfacción de las necesidades sociales de la ciudadanía, redundando en una mayor desigualdad social que mantendrá más bajos los salarios y asegurará los beneficios de las grandes corporaciones y las personas con mayores ingresos.

Una política fiscal con tipos progresivos y una adecuación de los medios de inspección es el único medio para poner coto a estas prácticas evasivas. La cuestión es si los partidos dominantes están por la labor. Conviene tenerlo en cuenta y no dejarse obnubilar por la aparatosidad de asuntos como el de los papeles de Panamá.

¿No son estas que aquí hemos citado prácticas propias de un paraíso fiscal?