viernes, 12 de abril de 2019

Notas de marzo (y dos)









Cero. No es una noticia de marzo, es de ayer, 11 de abril, el día en que la policía inglesa entró en la embajada londinense de Ecuador después de que el presidente de ese país, de nombre Lenín (curioso, ¿verdad?) retirara la inmunidad de su refugio diplomático a Julian Assange, el hombre que destapó en Wikileaks las vergüenzas (por no decir los actos criminales) de USA, pero también de otros muchos gobiernos. Es un genuino ataque a la libertad de prensa, como lo prueba el hecho de que no lo acusen de faltar a la verdad, sino que lo consideren un acto contra la libertad de los que se saltan los auténticos principios de la libertad misma en aras de supuestos intereses nacionales que atentan contra ese principio.
En España asistimos estupefactos -bueno, ya lo sospechábamos- al bochornoso caso de la “policía patriótica”, cuyo solo nombre la define.
La gradación delictiva de ambas noticias es muy amplia, por supuesto, pero ambas tienen en común el uso del dinero público en contra de la ciudadanía que lo aporta.






Uno. En un mitin de campaña, el candidato Casado ha declarado que en el PP no ha habido más que “un par de sinvergüenzas que han traicionado al partido”, para rematar con un “y quien la ha hecho, que la pague”. A estas alturas, el candidato se ha ganado a pulso su nula credibilidad como político y como persona; ha mentido como un bellaco, la corrupción en el Partido Popular es algo congénito y aún no ha llegado el día en que esa práctica se pueda considerar agua pasada. Pero si se refería al asunto de la policía patriótica habría que afinar mucho; me explico:
No puedo creerme que Rajoy y Fernández Díaz estuvieran en ese enredo, por la sencilla razón de que el primero, como Registrador de la Propiedad que es (ya saben que en una sociedad como la nuestra la propiedad privada es lo más sagrado y base y principio de todas las cosas), sería metafísicamente imposible que un alto representante del sistema pudiera inducir o autorizar o prestarse a ese tipo de delitos; y el segundo sabe perfectamente, como hombre de fe que es (recuerden que es de comunión diaria y ha condecorado a todas las vírgenes del elenco católico) que se pudriría en el infierno para toda la eternidad si cayera en el pecado de mentir y levantar falso testimonio.
Así que, por favor, busquen otros responsables. Si es que se ha cometido tal felonía (que bien me ha quedado esto!), cosa que, como recuerda Casado, aún está por probar.






Dos. Dejando a un lado el torrente de mentiras del candidato Casado, hay que señalar que no es el único que miente. Todos lo hacen, en mayor o en menor medida. Y los nuevos, los de Vox, parecen dispuestos a ganar tal carrera. Pero, uno de ellos es juez, aunque ahora esté en excedencia, y esta situación laboral no le exime de buscar siempre la verdad y la justicia; es más, esas virtudes debieran constituir siempre su norte y su guía. Sabe, por su formación, que no se debe faltar a la verdad, cosa que habrá recordado a testigos e imputados en el ejercicio de su función. Y esto es un poso que va quedando en la conciencia de cada uno, también en la de los jueces, por no decir, con más intensidad.
Sin embargo, también miente, y miente a sabiendas de que lo hace. ¿Hará lo mismo si vuelve a ejercer la justicia? ¿Qué garantía de imparcialidad podrá tener un ciudadano que quede sujeto a su poder legal?
En las anteriores elecciones generales, la jueza Rosel se vio obligada a retirar su candidatura como diputada por la circunscripción de Gran Canaria, al verse imputada por un tal juez Alba, que defendía en otra causa al ex ministro Soria, aquél íntimo amigo de Rajoy que apareció en los papeles de Panamá. Tiempo después, se ha sabido que el citado juez Alba no tenía otros motivos que no fueran la amistad que le unía a Soria, el honor de la jueza Rosel quedó restablecido, y ahora vuelve a presentarse para ser diputada. ¿Ha recibido el juez Alba alguna sanción por su actuación? ¿Tiene este tipo de hechos alguna repercusión legal? Porque se trata de las personas en quienes depositamos nuestro poder ciudadano para imponer la justicia. Y no para defender intereses particulares.






Tres. Pablo Iglesias se ha reincorporado al tajo después de su baja de paternidad. Algunos esperábamos que esos meses le -¿cómo decirlo?-, le hubieran dulcificado el discurso, si se me permite la expresión. Tanto tiempo con los niños… pero, bueno, no ha sido así, ha vuelto el Pablo Iglesias de siempre, tan enfadado como habitualmente, que dice Errejón, aunque eso sí, ha pedido perdón por los errores cometidos para, acto seguido, ...volver a cometerlos.
Ante el representante del medio televisivo que iba a cubrir sus primeras horas de regreso, en horario prime time, se lanzó desaforadamente a hablar mal de los medios, con un discurso políticamente correcto, pero sin hacer las distinciones precisas, como si estuviera hablando con Inda, por ejemplo. Luego, en la entrevista fue sosegándose y logró mejorar el discurso. Podría haber citado a ABC, El Mundo o La Razón, como exponentes máximos de una prensa escrita que abandona la verdad para servir intereses espurios, pero no lo hizo.
Pablo Iglesias, como José Borrel, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, tiene un genio muy vivo, que se manifiesta cuando ambos creen que tienen razón y les lleva a adoptar posturas, digamos, poco convenientes. Ambos mejoran cuando consiguen su auto control.

Al día siguiente, Antonio García Ferreras, ya saben, de la misma cadena televisiva, que se auto definió como socialdemócrata (¿a cuál de los miles de significados se referiría?) presentó algo que no creo que sea digno de la Sexta. Con frases descontextualizadas, tanto de Iglesias como de Abascal, hizo un montaje para dejar a ambos a la misma altura, cosa que a cualquier defensor de la verdad informativa le daría arcadas.

Eso es lo que se gana cuando no se modera el discurso. No se puede hablar ante las cámaras como cuando se está en un mitin ante incondicionales.

Este asunto de los medios lo ha definido magistralmente El Roto, al señalar que “cada antena emite una verdad distinta, pero todas son de la misma empresa”. Conviene recordarlo siempre.




Cuatro. Ya se han completado las listas para las elecciones del 28 de abril. Ya saben ustedes que Podemos presenta al general Julio Rodríguez, que ejerció como Jefe de Estado Mayor, creo que lo máximo que puede ser un militar en ejercicio. Y por cierto con éxito de crítica.

Pues bien, Vox, para no ser menos, presenta a cinco generales y un coronel. Ha ganado por goleada! Pero ninguno de ellos ha alcanzado, ni de lejos, la competencia profesional del otro. Son, más o menos, generales de infantería, incluso de la Legión, para lo que no hace falta más que potencia de voz y predisposición al mando. A uno de ellos le hemos escuchado decir que la política es como el ejército, que hay que saber mandar.

Que Dios nos coja confesados!



Cinco. El 15 de marzo va a ser el día mundial de lucha contra el cambio climático. Pero no el día señalado cada año para que echemos un vistazo a los datos -cada vez más contundentes- sobre las distintas agresiones con que castigamos el planeta, como si fuera de goma y pudiéramos manejarlo y arreglarlo a nuestro antojo; esto depende de nosotros, de la actitud que tomemos ante esa amenaza. Que no pensemos que no es para tanto, que no será tan grave, que todo tiene arreglo. O lo que es peor, que son cosas de esos chalados de ecologistas. Que, por el contrario, pensemos en la responsabilidad que asumimos con nuestro hijos, con nuestros nietos, que la amenaza ya no es a medio plazo, que empezamos a verla de día en día.

Porque no tenemos otro planeta de repuesto.





Seis. ¿Recuerdan el caso de las corbetas destinadas a Arabia Saudí? Corrieron ríos de tinta, y los que reparten esas aguas salpicaron a derecha e izquierda, siempre es mejor repartir las culpas, todos tenemos alguna.

La noticia esta vez consiste en que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata va a sentar en el banquillo a la cúpula directiva de la empresa pública Defex. Esta empresa trafica, en todos los sentidos, con armas o munición de fabricación pública o privada, la cual vende en terceros países. La pista se venía siguiendo desde hace años y ya han prescrito varios delitos. Pero se ha llegado a tiempo para destapar operaciones con Arabia Saudí, Egipto y Angola. Como la empresa está participada por el Estado en un 51% y el resto pertenece a varias compañías privadas fabricantes de armas, muchas operaciones se caracterizaban por el pago de comisiones a altos cargos de los países compradores, y claro, entenderán ustedes que es fácil que ciertas personas se quedaran en el camino con otras comisiones para su bolsillo particular. El juez pide 50 años de cárcel para el presidente de Defex, así como a directivos de otras tres empresas privadas.

La venta de armas no solo sirve para perpetuar la desgracia en los países más pobres, sino también para que algunos se enriquezcan ilícitamente por el camino. Este tipo de delitos debiera estar doblemente penado.

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