Les supongo a ustedes al corriente de una historieta de espionaje entre el partido de los socialistas catalanes, los malos, y el de los populares catalanes, las víctimas. Y en medio una agencia de detectives de Barcelona y la ex novia de un hijo de Jordi Pujol.
La tal agencia está legalmente constituida y paga sus impuestos; quiere eso decir que la labor del detective es perfectamente legal. Estamos acostumbrados a que las empresas encarguen a un detective cierta vigilancia sobre un empleado o que un cónyuge haga lo mismo sobre su otra parte.
Por otro lado, al juez Castro -sí, el que lleva el caso de Urdangarín y la Infanta- le han sacado unas cuantas fotos tomándose un trago con una abogada personada en ese caso. Y la derecha mediática ha puesto el grito en el cielo y hasta se ha pedido la recusación de dicho juez. Coincidencia que se da con la campaña que pretende quitarle el caso de su jurisdicción.
Y como este blog se declara entusiasta de las contradicciones, aquí tienen varias, a saber:
¿Por qué un partido político no puede contratar con personas o entidades con las que pueden contratar otros ciudadanos o empresas?
¿Por qué se armó tanto revuelo en el caso del espionaje de la jefa de los populares catalanes, en tanto que ha pasado desapercibido el caso del espionaje del juez Castro?
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