Notas de mayo (y dos)

Uno. La constitución del nuevo parlamento surgido de la jornada electoral del 28 de abril ha dado mucho que hablar.

Como en otras ocasiones, la Junta Electoral Central, autoridad competente para estas cosas, autorizó en tiempo y lugar ciertas listas en las que se integraban personas imputadas en el proceso que sigue el Tribunal Supremo contra los hechos acaecidos en Cataluña y que dieron lugar a lo que la fiscalía calificó como delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Como consecuencia de esa imputación esas personas están en prisión preventiva. Al margen de que dicha calificación sea ajustada a derecho (hay más juristas en contra que a favor), el juicio está siguiendo sus cauces normales, hay que esperar que se dicte sentencia, que se recurra, y se llegue al tribunal de Estrasburgo y con ello al final del proceso. De modo que el asunto en cuestión puede llevar varios años, como ha ocurrido en otros casos anteriores, y entretanto, los acusados están encarcelados, y llevan así algo más de año y medio.

Ustedes se preguntarán si la Junta Electoral Central no conocía estos extremos, o no conocía a los encausados. O no sabía lo que podía ocurrir. Respuesta: Sí, lo sabía. Pero esa Junta, o el sistema judicial español, o el Tribunal Supremo, o el Constitucional, o el rosario de la aurora, que nunca se sabe, por razones que los demás mortales no acertamos a entender, hicieron mutis por el foro, callaron como tumbas, y dejaron que las cosas siguieran su evolución.

Y la gente, que es muy mala y muy ignorante, votó a esas personas.

Y llegó el día de la constitución de las Cortes Españolas. Y los encausados, elegidos por la voluntad popular, aparecieron conducidos por las fuerzas de orden público (al menos, ni aherrojados, ni siquiera esposados), prometieron la Constitución, y volvieron a prisión.

Y entonces, nos enteramos de que hay un reglamento que es posible que pueda suspender la condición de diputado o senador a personas en esas condiciones.

Y la Mesa del Congreso pide opinión al Tribunal Supremo.

Y el Tribunal Supremo contesta que no está para esas cosas, sino para más altas misiones (vamos, como si no fuera de este mundo), que ha emitido jurisprudencia y que se repasen sus escritos, que a ver qué va a ser esto, hombre, faltaría más.

Y la Mesa dicha pide opinión a sus letrados y éstos dicen que efectivamente, que esos diputados o senadores han de ser suspendidos de su condición, pero no por lo que señala el reglamento de la Cámara, sino por un artículo de la ley de enjuiciamiento criminal (toma ya!)

Y la Mesa les suspende.

Y están suspendidos, pero si ellos no renuncian (y no van a renunciar) suspendidos y todo siguen siendo diputados, que para eso les han votado, han salido elegidos y han prometido la Constitución.

Y así estamos.

En resumidas cuentas, esos miles de personas que han votado a favor de los acusados ateniéndose a todas las formalidades habidas y por haber en el proceso electoral, se han equivocado. ¿Por qué? Pues, sencilla y llanamente, porque no se habían leído ese reglamento, o la ley de enjuiciamiento criminal, o si lo habían hecho no consultaron su duda al presidente de la mesa en la que depositaron su voto, o, si votaron por correo, al funcionario al que entregaron el sobre.

Lo que está también muy claro es que ni la Junta Electoral, ni ningún tribunal español es culpable de nada; la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento como reza uno de los primeros asertos que aprenden los estudiantes de derecho.

Habrá quien diga que son los partidos políticos quienes deben conocer esos extremos para no caer en el error. A esto cabe señalar que los partidos en cuestión pueden aprovechar cualquier resquicio legal que consideren pertinente. Eso también lo reconoce el derecho.

Lo único que, en mi opinión he escuchado con una buena carga de sentido común, ha sido lo dicho por el ex diputado Joan Cosculluela: que se someta la cuestión al veredicto del pleno del Congreso, donde se supone que reside la soberanía nacional, en feliz frase. Si se aprueba se estará reprobando ese famoso reglamento que, en consecuencia, habrá que modificar.

A menos que ese reglamento sea inmodificable, cual pétrea tabla de la ley, tan inmodificable como algunos pretenden que sea la propia Constitución.

Y queda por conocer la opinión del Tribunal de Derechos de Estrasburgo cuando dictamine sobre los euro parlamentarios, que el caso va a llegar; en esa instancia la Justicia española no ha salido muy bien parada hasta la fecha, y en esta nueva ocasión no va a ser distinto.

Esta es la división de poderes en España.

Dos. Los que tenemos cierta edad podemos recordar la gesta de Edmund Hillary y el sherpa Tenzing; uno era neozelandés y nepalí el otro; ambos, los primeros seres humanos en escalar el Everest en 1953.

A ellos les siguieron muchos más, cada año más, se puede decir. Hace unos días pudimos ver una columna de escaladores, uno tras otro, en el sendero que conduce a la cumbre. Digo sendero porque eso es lo que parecía, un sendero en cualquier monte, con nieve, eso sí, un domingo por la mañana en cualquiera de los países de nuestro entorno. Hasta el extremo de que debido a la congestión del tráfico, y como estamos hablando de una altura de ocho mil y muchos metros donde escasea el oxígeno, hubo dos o tres fallecidos.

Antes era de admirar el espíritu de aventura, la tenacidad y el esfuerzo; ahora cualquiera puede hacer cualquier gesta, solo hace falta el dinero para pagarlo: se ofertan viajes a la luna, y pronto a Marte.

Tres. Se juega la final de la Champions en Madrid, y la juegan dos equipos ingleses. Inglaterra inventó (también) el fútbol, y con ello los hooligans. Cuando veíamos aquellas imágenes de trenes destrozados, hace decenios, nos parecía increíble que eso pudiera suceder en Inglaterra, en la pérfida Albión, país en el que la circunspección y la mesura parecían residir. Perdimos la inocencia e imitamos las prácticas ajenas. Hoy somos unos más del montón.

Se espera que acudan más de 50.000 ingleses a Madrid y muchos se frotan las manos pensando en que harán buena caja. Al fin y al cabo, son clientes poco exigentes, con que la cerveza esté bien fría y sea abundante, lo demás no tiene importancia. Si hay unos pobres, mejor si son mujeres, a las que arrojar unas monedas (pocas) para ver cómo se arrastran por el suelo en su búsqueda, si pueden cantar ese lololó que cantan, ya son felices; los más perjudicados por el alcohol se arrojarán solícitos en brazos de la policía, y ésta cobrará horas extraordinarias; y los hoteles harán el agosto a primeros de junio, por si luego vienen mal dadas.

En la época en que se instituyeron los recortes, se dijo que el Ministerio del Interior facturaría a los equipos de fútbol los gastos incurridos para mantener el orden en las calles; algo parecido harían los ayuntamientos para gestionar las miles de toneladas de basura arrojada a la calle por los hijos del primer mundo.

Creo que los españoles se merecen que se publiquen esos datos, mejor que saber si han venido 50.000 o 55.000.

Del resultado del partido ya nos enteraremos más tarde.