Notas de mayo

Uno. Francia, ese país del que históricamente nos han llegado noticias e inventos, desde los orígenes del Camino de Santiago hasta nuestros días, acaba de sorprendernos con la novedad de que quiere independizarse de su famosa ENA (Escuela Nacional de Administración), la institución que ha proveído a la República con hornadas de técnicos que han venido ocupando los más altos puestos del Estado francés, amén de capitanes de las principales empresas del país. Ser titulado suyo, ser enarca, ha sido símbolo de poseer sólidos conocimientos, capacidad para dirigir equipos y facultad de ver más adelante que la mayoría. Ha habido momentos, el actual sin ir más lejos, en los que tanto el Presidente de la República como el primer ministro, han sido egresados de dicha escuela.

En España el Estado se ha proveído también de especialistas del derecho (no conozco el programa completo, que obviamente puede exceder los límites del derecho) que puedan ser de utilidad en la ardua tarea de ayudar en el gobierno de las instituciones. Ser el número uno en su promoción ha conferido al abogado del Estado (que éste es el título oficial) un respeto unánime en todas las instancias. Me viene a la memoria la persona que ha pilotado Inditex, siendo mano derecha y de total confianza de su accionista mayoritario, como un buen ejemplo de la capacidad técnica de un abogado del Estado.

Claro que no podemos generalizar. El requisito inicial es tener un intachable expediente en la facultad de derecho correspondiente, respaldo financiero para poder seguir estudiando, tesón sin tasa para hacerlo, y tras los correspondientes cursos, aprobar las oposiciones, o mejor, sacar el número uno. Como lo que es preciso para ser notario o registrador de la propiedad, pero más en extenso. Mas este cúmulo de virtudes no siempre garantiza el éxito, aunque la ejecutoria de Pablo Isla en Inditex y en los anteriores desempeños suyos esté reconocida mundialmente.

Ahora bien ¿qué decir de casos como el de Soraya Sáenz de Santamaría, o el más elocuente, de María Dolores de Cospedal? ¿En verdad creen ustedes que han respondido en su desempeño en el gobierno mejor que otras personas, digamos, más sencillas?

Y esto debe llevarnos a otra pregunta: ¿Debe un Estado crear cuerpos de élite, con toda clase de privilegios, para que sean caladero donde las empresas privadas puedan reclutar a sus ejecutivos? Y aún más, ¿Tiene sentido que un inspector de Hacienda, cuando ya lo sepa todo, pueda irse a trabajar a un bufete privado y, si le va mal, volver a su puesto oficial? O, ¿es admisible que Vox fiche a un abogado del Estado para ir con armas y bagajes en contra de ese mismo Estado? Por cierto este abogado del Estado, de nombre Buxadé es socio de un despacho de abogados que ha facturado minutas a una fundación mientras Albiol era alcalde de Badalona. También es abogado del Estado José Luis Martínez Almeida, quien se perfila como alcalde de Madrid.

Los franceses han decidido prescindir de su famosa ENA. ¿No tendríamos que replantearnos aquí unas cuantas cuestiones?

Dos. Los consejeros de empresas cotizadas ingresaron 3.151 millones de euros durante 2018, un 4,8% más que el año anterior, al nivel de los tiempos de la burbuja inmobiliaria, según datos difundidos hace unos días por la Agencia Tributaria. De esta cantidad, Hacienda ya ha retenido 1.052 millones de euros a cuenta del impuesto de la renta que tendrán que liquidar ahora. El tipo efectivo que pagan los miembros de los consejos de administración de las empresas españolas en el IRPF asciende al 33,38%, según la estadística oficial. Las empresas cotizadas en el mercado continuo contaban con unos 130 consejeros durante el año pasado. Pero en España hay muchos más miembros de consejos de administración, en compañías que no están en Bolsa. El aumento en la retribución de los consejeros durante la crisis y después ha sido notablemente mayor que el de los trabajadores de las empresas en que prestan sus valorados servicios.

Por otro lado, hemos sabido también que en España se “meten” unos 6.000.000 de horas extraordinarias a la semana, de las cuales el 46%, es decir unos 2.800.000 horas no se pagan por el empleador a sus trabajadores. Insisto, por semana.

En consecuencia, el gobierno ha exigido a las empresas que se marquen las horas de entrada y salida del trabajo, como medida tendente a solucionar ese escarnio. Esta medida ha sido apoyada taxativamente por la justicia europea, a pesar de lo cual ha concitado la inquina de algunos empresarios y organizaciones empresariales. Unos han venido a decir que eso de marcar es cosa antigua, ya pasada; la esclavitud también, se les podría responder. Otros, que simplemente hay muchos trabajos en los que no es posible; seguramente tienen razón pero ya se sabe que la excepción confirma la regla. Mas para los otros, los que realmente no cobran las horas extras que trabajan, y que no tienen capacidad legal para reclamarlas, esa ley les viene como anillo al dedo.

Cuando se habla de pobreza, de trabajadores pobres a los que el producto de su trabajo no les alcanza para vivir dignamente, estamos hablando de esos que no cobran las horas extras, pero no solamente de ellos.

Y cuando a unos y otros los comparamos con los consejeros de que hablábamos al principio, y no solo consejeros, sino también altos ejecutivos, estamos hablando de desigualdad. Justamente de eso.

Hay que señalar también la gran controversia que originó el acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros mensuales en que está en estos momentos. Insignes economistas e importantes organismos proclamaron a los cuatro vientos la catástrofe que se avecinaba: la Comisión Europea anunció la pérdida de hasta 80.000 trabajadores, el Banco de España aumentó esa cifra hasta los 150.000 empleos y hasta la misma Airef (Autoridad Fiscal Independiente) cifró las pérdidas hasta en 80.000 trabajadores. Pues bien, la propia Airef ha reconocido no haber encontrado ningún efecto negativo en los primeros cuatro meses del año.

Se supone que la medida implica mejoras en la recaudación por IRPF y, aunque no sea mucho, mejora el consumo. Pero, como en el caso de las horas extras, supone el reconocimiento de una mala práctica, y contribuye a mejorar la vida de los afectados.

¿Qué clase de país tenemos donde no todos tienen trabajo, ni siquiera un trabajo digno? ¿Es esa la España que queremos cuando hablamos de patrias y banderas?

Tres. Periódicamente despertamos con la desagradable noticia de que una multinacional anuncia el cierre total o parcial de sus plantas en España. Hace un par de meses fue Alcoa, el líder mundial del aluminio; su razón de peso fue el alto coste de la energía y el disponer de plantas más rentables en otros países. Se agradece la sinceridad.

Ahora, ArcelorMittal viene con las mismas, añadiendo otro dato más: el alto coste de los derechos de emisión de CO2.

El alto precio de la energía que soportan los hogares españoles reduce también la rentabilidad de las plantas siderúrgicas, mientras que tenemos una industria de la energía que nada en beneficios y es principal operador en algunos mercados extranjeros, precisamente vendiendo más barato esa energía que allí producen.

Estas son algunas de las contradicciones de este sistema político y económico en el que naufragamos.

La transición energética ha de implicar, entre otras muchas cosas, cambios radicales que afectarán a la industria y a la economía, como no. Y también a las reglas de juego. Empezando por las de las empresas y las de los consumidores, y Europa que marca las nuestras, sabe que el cambio climático y el futuro de la humanidad no se combate solo en nuestro continente. El clima no entiende de fronteras y no se deben aceptar importaciones de ningún producto (acero incluido) que se produzca sin las mismas exigencias que se piden aquí.

Y no hemos escuchado a nadie hablar de estas cuestiones. Es inadmisible que hoy en día se admitan procesos de deslocalización atendiendo a los intereses de las multinacionales, y menos por razones que afectan a la crisis ambiental.